Tras años vigilando el litoral español, la organización ecologista destaca que el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. Asimismo, denuncia el acoso a los escasos espacios vírgenes que quedan y exige su protección.

Durante los últimos diez años Greenpeace ha sido testigo de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas para ir depredando el territorio costero. Desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario); 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial.

"Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler es El Algarrobico y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase", ha declarado Juan López de Uralde, Director de Greenpeace. "Es lamentable que por intereses partidistas se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años".

Urbanismo salvaje

Si en el primer informe de la organización en 2001 se definía el futuro del litoral español como "negro", ni la previsión más pesimista podía pronosticar lo que iba a pasar en la década que ha transcurrido. A día de hoy, en algunas zonas como Málaga o Alicante más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables.

Entre 1990 y 2000 la población española aumentó un 5%, mientras la urbanización lo hacía un 25,4%. Este fenómeno imparable en la última década se ha extendido hacia los últimos rincones bien conservados del litoral: la Región de Murcia, Almería, Huelva, Rias Baixas o la costa cantábrica. En 2005 ya estaba urbanizado el 34% del primer kilómetro del litoral mediterráneo.

Tan sólo un año después, en 2006, se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1.479.000 nuevas casas. En 2008 España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003-2007 se construyó el triple, tanto en la costa como en el interior. En 2007, el año del apogeo de la burbuja inmobiliaria, Greenpeace denunciaba que los ayuntamientos del litoral proyectaban la construcción de cerca de tres millones de nuevas viviendas.

Construcción de infraestructuras

Históricamente tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos.

En 2003 se estaban llevando a cabo una veintena de ampliaciones de puertos del Estado y en ese mismo año las inversiones aumentaron un 505% desde 1996. Existen numerosos ejemplos de puertos, como los de Granadilla (Tenerife) o el exterior de A Coruña, que aún careciendo de viabilidad técnica, ambiental y económica se han proyectado gracias a los fondos de subvención europeos y a los grandes negocios especulativos diseñados por las autoridades portuarias.

Contaminación de las aguas

A lo largo de estos años, el crecimiento mal planificado ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas. Esta década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas. Aunque en 2003 España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplimiento de las normas de calidad de aguas de baño, todavía en 2010 se enfrenta de nuevo a la sanción de la Comisión Europea ante el mismo tribunal por incumplir reiteradamente la normativa sobre depuración de aguas.

Por otro lado, aunque en 2002, el Prestige se convirtió en la peor catástrofe ambiental de la historia de España, aún siguen sin existir la reforma del plan de contingencia o la designación de zonas de refugio de buques en caso de accidente.

Tras esta radiografía de destrucción costera, Greenpeace ha analizado el futuro que según las políticas estatales y autonómicas le espera al ya maltratado litoral.

Buena parte de los tres millones de viviendas que se proyectaban en el litoral en 2007 están pendientes de la remisión de la crisis. La prórroga que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013 y que España sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario no auguran un buen futuro para lo poco de costa que queda virgen. Por eso, Greenpeace ha establecido una hoja de ruta para los próximos diez años que pasa por el control de la corrupción y el respeto a la normativa existente.