La Audiencia Nacional confirma en su auto la caducidad de las concesiones de costa otorgadas a Fertiberia en 1968 en la desembocadura del río Tinto (Huelva), para el vertido de fosfoyesos, en condiciones que han sido incumplidas de forma reiterada.

Desde el año 2000, las organizaciones WWF y Greenpeace han denunciado este episodio de contaminación ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía, luchando para lograr el cese de los vertidos y la recuperación de la marisma.

Asimismo, ambas organizaciones exigieron el respeto a la Ley de Costas por parte de Fertiberia, dado que los vertidos de esta empresa no debían realizarse en el dominio público marítimo-terrestre y que se estaba incumpliendo la ley y los términos de la concesión administrativa.

Antecedentes históricos

En noviembre de 2003, la Dirección General de Costas confirmó los incumplimientos denunciados  y declaró la caducidad de la concesión. Desde entonces y hasta hoy,  se ha reclamando a las Administraciones responsables que se cumpla esta resolución.

En su último auto, la Audiencia Nacional ha acordado el cese definitivo de todos los vertidos en un año al detectar que la actividad industrial que realiza Fertiberia está produciendo un considerable impacto en los valores ambientales de la costa, como advertía WWF.

La empresa pretendía que el cese se produjera en diciembre de 2012, pero la Audiencia Nacional estima que Fertiberia: “ha tenido un espacio temporal dilatado para ir adecuando su actividad a la nueva situación”, máxime cuando la empresa conoce la caducidad desde el año 2003.  Sin embargo, WWF considera insuficiente el aval de 21,9 millones de euros, impuesto a Fertiberia por el Tribunal como garantía de que van a cumplir con la obligación de regenerar los terrenos contaminados.