La nueva legislación, acordada por el Parlamento y el Consejo, garantiza el equilibrio entre el bienestar animal y el apoyo a la investigación contra las enfermedades. Los Estados miembros disponen de dos años para adaptarse a estas normas.

El texto de la diputada alemana Elisabeth JEGGLE (PPE) recoge el acuerdo íntegro alcanzado con el Consejo. Por tanto, el voto en el pleno es el definitivo. Durante el debate, la ponente calificó de positivo el compromiso logrado y dijo a los eurodiputados que "si quieren proteger a los animales, deben votar a favor".

Las autoridades nacionales evaluarán el impacto de los experimentos sobre el bienestar animal antes de autorizarlos y promoverán métodos alternativos y menos dolorosos para los animales. La nueva legislación también limita el uso de primates en los ensayos e introduce inspecciones para garantizar su cumplimiento. Además, prevé el uso de una clasificación sobre el dolor de los animales.

Métodos alternativos

La nueva normativa obliga a los Estados miembros a velar por el uso de métodos alternativos a la experimentación con animales siempre que sea posible. Los países también se asegurarán de que el número de animales utilizados en experimentos se reduzca al mínimo sin comprometer los objetivos de la investigación. Además, las autoridades competentes solo autorizarán los ensayos en los que el sacrificio conlleva un "mínimo de dolor, sufrimiento y angustia" para los animales.

El uso de animales en experimentos científicos estará permitido en los ámbitos de la investigación fundamental; la investigación aplicada a las enfermedades de los seres humanos, los animales o las plantas; el desarrollo o las pruebas de eficacia de los productos farmacéuticos, alimentos y piensos; la enseñanza superior y la investigación médico-legal.

La Directiva contiene una cláusula de salvaguardia que permitirá a los gobiernos nacionales anular medidas específicas y reaccionar ante situaciones de emergencia, siempre que existan razones justificables científicamente. Los países deberán informar a la Comisión y obtener la aprobación de los demás Estados miembros antes de acogerse a estas medidas de excepción.

Se prohíbe el uso de los grandes simios

La nueva normativa prohíbe el uso de grandes simios, como chimpancés, gorilas u orangutanes, en experimentos científicos. La Comisión propuso en un principio prohibir también el uso de otros primates, como los macacos, lo que, según los eurodiputados, habría perjudicado a la investigación sobre enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

El texto acordado permite el uso de estos primates siempre que pueda justificarse científicamente que el experimento no se puede realizar utilizando otras especies. Asimismo, los primates sólo podrán utilizarse con el fin de prevenir o tratar enfermedades que puedan poner en peligro la vida de los seres humanos o provocar discapacidades físicas o psíquicas. La nueva norma introduce inspecciones para garantizar el cumplimiento de estas medidas.

La Directiva se revisará en cinco años

La directiva aprobada contempla, a propuesta del Parlamento, las siguientes categorías para clasificar el dolor infligido a los animales: "sin recuperación", "leve", "moderado" o "severo".

La Comisión sugirió que el mismo animal fuese utilizado en más de una ocasión sólo si el experimento pertenece a las categorías "sin recuperación" o "leve". Sin embargo, los diputados opinan que esta medida podría conducir al uso de más animales. El acuerdo final prevé el uso del mismo animal en experimentos clasificados hasta la categoría de "moderados", siempre que se consulte previamente a un veterinario.

Para garantizar el cumplimiento de la Directiva, los diputados subrayan la necesidad de contar con inspecciones regulares y efectivas de todos los criadores, suministradores y usuarios.

El acuerdo obliga a las autoridades nacionales a garantizar que cada año se efectúan inspecciones de al menos un tercio de los laboratorios que utilizan animales. Algunas de estas inspecciones se realizarán sin previo aviso. La Comisión deberá revisar la directiva cinco años después de su entrada en vigor.