Asimismo, recuerda que la industria eólica necesita recibir señales de futuro con urgencia para garantizar su permanencia en España.

La retroactividad es una mala práctica regulatoria y así lo entienden los inversores de todo el mundo. Cuando en abril de 2010 se extendió la sospecha de que el Gobierno anterior se planteaba reducir la retribución de las instalaciones existentes, las empresas del sector eólico perdieron unos 3.000 millones de euros en bolsa en menos de una semana y la prima de riesgo española se disparó hasta máximos históricos. Hoy, con una prima de riesgo que prácticamente triplica la de entonces, no se deberían tomar medidas que afecten negativamente al riesgo país y pongan en riesgo las tan necesarias inversiones futuras.

El sector eólico sabe que el país atraviesa por una situación económica muy complicada y que el problema más acuciante del sector energético es el déficit de tarifa. Por lo tanto, está dispuesto a hacer sacrificios, pero estos no deberían pasar en ningún caso por aceptar medidas retroactivas que pondrían en jaque la supervivencia del sector y la permanencia de su industria en España.

Históricamente, la eólica ha contado con un marco regulatorio estable y predecible que le ha permitido crear a su alrededor un importante tejido industrial y convertirse en un referente a nivel mundial. Ha cumplido escrupulosamente los objetivos establecidos por el regulador, se ha ajustado a los cambios regulatorios sin crear burbujas, y ha aceptado una rebaja temporal del 35% de las primas a los parques en marcha, entre otras cosas.

A raíz de la moratoria impuesta a las renovables a principios de año, la situación es insostenible y lo que está en juego es la supervivencia de la industria. De ahí que el sector reclame una mesa de diálogo con el Gobierno para encontrar una salida a esta situación. Este diálogo debería desembocar en un marco regulatorio que permita al sector permanecer en España y asegure la seguridad jurídica de las inversiones ya realizadas.