Dichas agrupaciones exigen una rectificación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y anuncian actuaciones legales en el caso de publicar cualquier tipo de licitación.

El proyecto del Pantano de Biscarrués no cuenta todavía con autorización administrativa, por lo que cualquier licitación sería prematura e incluso ilegal. Además, el gobierno no está en disposición de autorizar el proyecto, ya que la propia Declaración de Impacto Ambiental (DIA) (BOE de 3 de agosto de 2011) exige que antes de la aprobación del proyecto se cumplan, entre otras, las siguientes condiciones:

• Redefinición de las características del proyecto para adaptarlo a las nuevas condiciones exigidas en la DIA.
• Comprobación de la adecuación del proyecto y su compatibilidad con los objetivos y condiciones del nuevo Plan Hidrológico del Ebro, una vez aprobado éste.
• Adecuación de la repercusión de costes a los objetivos y a las nuevas características del proyecto y a lo que estipule en su momento el nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación, según prevé la Directiva Marco del Agua.
• Ubicación precisa en una cartografía a escala adecuada de las superficies de riego beneficiarias del nuevo embalse, cuya viabilidad ambiental deberá haberse resuelto antes de la entrada en explotación del embalse.
• Elaboración de un programa de actuaciones arqueológicas y paleontológicas, que habrá de ser validado por el órgano autonómico competente.

Por lo tanto, según los ecologistas, el pantano de Biscarrués está lejos de poder ser autorizado por el Gobierno. Además, este condicionado puede cambiar el proyecto y que todos los trabajos licitados no sirvan de nada y solo supongan un gran despilfarro de fondos públicos.

Los ecologistas recuerdan que cuentan con informes científicos que demuestran la inviabilidad ambiental de este proyecto y que recurrirán su autorización en el mismo momento en el que se produzca. El pantano supondrá un grave impacto sobre espacios de la Red Natura 2000 y sobre especies catalogadas como En Peligro de Extinción como es el Milano real. Además, el proyecto vulnera un gran número de normativas entre las que destacan la Directiva Marco del Agua, La Directiva de Aves y la de Hábitats.