El Comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, ha declarado lo siguiente: «El cumplimiento de la legislación de la UE es fundamental para poder realizar el objetivo prioritario de la legislación de residuos de la UE, a saber, proteger la salud de los ciudadanos europeos y el medio ambiente. Tenemos que considerar todas las opciones, incluido el establecimiento de una agencia u organismo europeo encargado de velar por que la legislación de la UE se aplique correctamente en beneficio de los ciudadanos, el medio ambiente y la economía de la Unión.».

El estudio recomienda la creación de una agencia encargada de hacer cumplir la legislación sobre residuos.

En la actualidad, uno de los retos ambientales más importantes de la UE consiste en controlar que los residuos se gestionen de una manera segura y ambientalmente prudente. Se calcula que, cada año, se generan en la UE 2 600 millones de toneladas de residuos, 90 millones de las cuales corresponden a residuos peligrosos.

El estudio que se ha publicado hoy recomienda crear una agencia especializada a nivel de la UE encargada de estudiar los problemas subyacentes a una aplicación y un cumplimiento deficientes de la legislación de residuos de la UE. La magnitud del problema se ha agravado en los últimos años como consecuencia del aumento de los residuos que se generan y transportan en una UE ampliada. En 2008, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución en la que instaba a la Comisión a que presentara un informe sobre la viabilidad de instaurar un «instrumento comunitario de inspección medioambiental».

La agencia realizaría una serie de tareas; por ejemplo, examinaría los sistemas establecidos en los Estados miembros para garantizar el cumplimiento de la normativa y llevaría a cabo actividades coordinadas de control e inspección. Al mismo tiempo, podría crearse también un organismo europeo específico responsable de las inspecciones y controles directos de instalaciones y emplazamientos, en casos graves de incumplimiento. También podría establecerse una red europea de Estados miembros que apoyara a la agencia en una serie de actividades.

Las recomendaciones se basan en las respuestas ofrecidas en cuestionarios, entrevistas y talleres informales por funcionarios de los Estados miembros y por partes interesadas. El coste anual que supondría poner en práctica las recomendaciones se estima en poco más de 16 millones de euros. Además de los beneficios que se obtendrían desde el punto de vista de los residuos, la plena aplicación de la legislación vigente de la UE contribuiría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el metano de vertederos, en una cantidad equivalente a 200 millones de toneladas de CO₂ al año. De ese modo se ahorrarían, cada año, 2 500 millones de euros, al precio actual del carbono (en torno a los 13 euros por tonelada). Otros beneficios económicos importantes derivados de una aplicación reforzada serían, por ejemplo, el establecimiento de unas condiciones equitativas para las empresas europeas, más oportunidades de innovación, y un acceso más generalizado a valiosas materias primas secundarias.

Este año se realizará un profundo análisis de rentabilidad. A lo largo de 2011 podrán proponerse otras medidas.