Las nuevas normas permiten a los consumidores devolver aparatos pequeños, como teléfonos móviles, a las tiendas de electrónica sin tener que comprar un nuevo producto. Además, reducen las cargas administrativas a los fabricantes. Los Estados miembros tendrán un año y medio para transponer estas reglas.

La nueva norma revisa la directiva actual sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente desde 2003. La nueva normativa tendrá que ser respaldada formalmente por el Consejo.

Objetivos de recogida y reciclado

Todos los Estados miembros deben incrementar sus objetivos de recogida de residuos eléctricos, independientemente de que ya hayan alcanzado la meta general de 4 kilos por persona por año.

El texto acordado establece que, para 2016, la mayoría de los países deberán recoger 45 toneladas de residuos eléctricos por cada 100 toneladas de aparatos introducidos en el mercado previamente. Para 2019, los países podrán escoger entre incrementar este objetivo hasta el 65% o recoger el 85% de los RAEE generados en su territorio. En términos absolutos, ambas cantidades son muy similares.

Hay diez Estados miembros que todavía deben mejorar sus instalaciones de recogida. Por ello, tendrán un objetivo intermedio del 40% y podrán aplazar a 2021 la meta de 2019. Estos países son Bulgaria, la República Checa, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia.

El Parlamento Europeo ha logrado introducir en la directiva una cláusula que permite a los consumidores devolver aparatos "muy pequeños", como los teléfonos móviles, a las tiendas de electrónica, sin tener que comprar otro aparato. Las pequeñas superficies quedan excluidas de esta disposición.

La directiva establece que se deberán utilizar en todo momento las mejores técnicas de reciclaje.

Exportaciones

Los eurodiputados han conseguido introducir controles más estrictos para impedir el envío de cargamentos ilegales a terceros países donde el tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos pone en peligro la salud de los trabajadores y el medio ambiente. Los exportadores deberán demostrar en el futuro que los aparatos se envían para fines lícitos, como su reparación o reutilización.

Menos cargas administrativas

Los fabricantes seguirán financiando la consecución de los objetivos de recogida. Por otra parte, se relajarán los requisitos de registro e información y habrá unas normas más claras para evitar el cobro, por partida doble, de los gastos de registro.