El proceso de deslinde del dominio público marítimo terrestre hay que enmarcarlo en el desarrollo de la Ley de Costas, dentro del cual la Junta de Andalucía está prestando toda su colaboración con el Gobierno de la nación en el interés común de preservar los valores ambientales de un ecosistema, el litoral, frágil y expuesto a múltiples amenazas.

No obstante, el Gobierno andaluz no comparte la decisión del ministerio de aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa correspondiente a Doñana en los términos en los que ha sido planteado.  Se trata de una discrepancia puramente formal, relativa a la extensión del deslinde, pues en el fondo del asunto ambas administraciones, Junta y Gobierno central, coinciden plenamente en el objetivo de garantizar la máxima preservación de la franja litoral de Doñana. 

De hecho, durante el período de alegaciones abierto en el trámite de audiencia  de este proceso de deslinde, la Junta expuso una serie de consideraciones técnicas, fundamentalmente de carácter geomorfológico, muy argumentadas en las que, contra la interpretación al pie de la letra de la Ley de Costas en el sentido de que todas las dunas son dominio público marítimo terrestre, se tenían presente los verdaderos factores que han contribuido a la conformación de los sistemas de dunas continentales de Doñana. Así, sobre el fundamento de estas consideraciones, la Junta ha propuesto un deslinde alternativo mediante el cual la costa de Doñana seguiría gozando del máximo grado de protección y conservación. 

En concreto, la propuesta de la Junta fija la zona de dominio público marítimo terrestre en la flecha de Doñana que, arrancando del punto del anterior deslinde en el extremo sur de Matalascañas, sigue el borde interno del primer cordón dunar hasta la desembocadura del Guadalquivir y remonta por el estuario siguiendo la línea alcanzada por la línea de la máxima pleamar equinoccial hasta el límite sur de la marisma de Doñana.

En cualquier caso, el Gobierno andaluz entiende que la costa de Doñana goza ya del mayor grado de protección que un territorio puede alcanzar en España y en Andalucía, pues sobre esta zona impera un régimen jurídico que la protege como Parque Nacional y como Espacio Natural.