En este documento se expone la ventaja, a la vez que la necesidad, de la implantación de una ley transversal de cambio climático para que España reduzca, de forma segura y planificada, sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Demuestra además que los presupuestos de carbono y los proyectos domésticos de reducción de GEI son herramientas fundamentales para que España contribuya a la lucha contra el cambio climático en la medida que le corresponde para alcanzar justicia climática global.

El documento establece, en su primera parte, el contexto legislativo internacional, europeo y nacional, justificando la necesidad de una actuación más ambiciosa frente al cambio climático. A su vez demuestra de forma precisa cómo una Ley de cambio climático podría contribuir a esta acción eficazmente, al constituir un marco legislativo transversal, introducir trayectorias concretas de reducción a medio y largo plazo de obligado cumplimiento y atribuir responsabilidades a cada uno de los sectores implicados.

Según el informe, hay que establecer un tope a los GEI

Los presupuestos de carbono son clave en este sentido. En el informe se explica en qué consiste este mecanismo: se trata de establecer un tope a los GEI de cada uno de los sectores emisores en un periodo de tiempo determinado, por ejemplo anualmente, o cada 3 años. De esta manera se dispone de un mecanismo de reducción seguro y controlado donde: 1- cada responsable de las emisiones tiene la obligación legal de reducirlas; 2- Al planificar los presupuestos de forma anticipada, se proporciona un escenario económicamente predecible a muy largo plazo que además dota de mayor competitividad a las empresas; 3- Es un mecanismo independiente de los cambios políticos, planificado por un comité independiente.

Por último se explica cómo los proyectos domésticos de reducción constituyen oportunidades de inversión rentables, que podrían ahorrar a España una gran cantidad de dinero en la compra de emisiones.

El documento se enmarca dentro de la campaña de Amigos de la Tierra SOS Clima, llamada The Big Ask en Europa, que demanda en 18 países leyes nacionales que permitan reducir anualmente las emisiones de GEI. En el Reino Unido y Escocia esta campaña recibió el apoyo de la clase política, el sector empresarial y la sociedad civil, lo que dio lugar a una ley que les permitirá reducir sus emisiones de cara al 2020 en al menos un 34 y un 42%. Así se demuestra que tales niveles de compromiso son posibles, además de beneficiosos y justos. En este sentido, el estado Español, así como los demás estados europeos, deben aceptar su responsabilidad histórica, moral y legal, y reducir sus emisiones mediante medidas internas, sin mecanismos comerciales que repercutan negativamente en el Sur Global.

Graves consecuencias de no luchar contra el cambio climático

Según Alejandro González, responsable del área de cambio climático y energía de Amigos de la Tierra, "la implementación de una Ley de cambio climático basada en presupuestos de carbono es un paso primordial para conseguir Justicia Climática y asumir nuestra responsabilidad histórica en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero".

La lucha contra el cambio climático es urgente porque si no actuamos a tiempo nos enfrentamos a graves consecuencias ambientales y sociales. En este contexto España ha sobrepasado ampliamente el tope de las emisiones que se había marcado en el protocolo de Kioto, por lo que ahora debe dotarse de mecanismos ambiciosos. Alejandro González declaró que "una ley de reducciones anuales es hoy por hoy el mejor camino para una planificación estratégica integradora, que resultará provechosa económicamente a medio y largo plazo. Este informe es el primero que introduce estos conceptos en España y esperemos que los acerque a los responsables políticos, los sectores económicos y la sociedad civil."