Nacional | El PIB per cápita español es actualmente un 105 por ciento del de la media europea de 27 países. Esto significa que España deberá reducir sus emisiones prácticamente en la media europea. Aunque faltan por conocer los datos y los matices, si Europa se compromete a rebajar sus emisiones un 20 por ciento, España estará obligada a una reducción parecida. Será un esfuerzo mayor que el de Eslovenia, Rumania o Chipre, pero menor que el de Francia, Reino Unido o Alemania. No es todo lo que pedía España pero al menos es un criterio que tiene en cuenta la población, tal y como quería el Gobierno español.
La queja principal del Gobierno es que en el reparto de emisiones dentro de la UE que pactó Isabel Tocino no tuvo en cuenta el aumento de población. España obtuvo entonces, mediante una negociación política, no tanto basada en criterios técnicos, que podría aumentar sus emisiones un 15 por ciento respecto a 1990. La falta de políticas contra el cambio climático, un aumento de población de cinco millones de habitantes y el crecimiento económico han disparado las emisiones: España emite actualmente un 49 por ciento más que en 1990. La paradoja es que es el país que más se aleja del objetivo pero sus emisiones por persona son de 9,6 toneladas de CO2 al año, mientras que la media europea es superior a 10.
España pretendía ante la UE que las emisiones de la industria fuesen iguales en todos los países. Es decir, que cada cementera tuviera la misma asignación por cada tonelada de cemento y así evitar la deslocalización. Además, quería que el resto de las emisiones (las del transporte, la calefacción, que no se pueden asignar a una industria) fuesen en función de la población.
Juan Antonio Duro, profesor de Economía de la Universidad Rovira y Virgili y autor de estudios sobre el reparto de emisiones, explica que "el criterio del PIB per cápita permite a países como España que sus emisiones aumenten al subir la población. Da más margen de maniobra a países como España. Implica una mayor facilidad para cumplir los requisitos".
Fuentes próximas al Ministerio de Medio Ambiente explicaron ayer que habría sido mejor para España (en el sentido de que podría haber emitido más) si todas las emisiones dependieran de la población, pero afirmaron que el criterio del PIB per cápita tampoco le viene mal: "Todo lo que sea tener en cuenta de alguna forma la población conviene a España".
Los ecologistas apoyan que el nuevo reparto tenga un criterio medible. Ladislao Martínez, de Ecologistas en Acción, afirmó: "Es razonable que el reparto de las emisiones se haga en PIB per cápita aunque nos gustaría más que dependiera de la población".
La duda está en si España, que en las negociaciones internacionales ha defendido drásticas rebajas (en Bali apoyaba una reducción de entre el 25 por ciento y el 40 por ciento) podrá rebajar sus emisiones. Duro sostiene que "en el sector eléctrico puede que sí se logren reducir, pero el consumo en el transporte privado está disparado".
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España se queda en la media
