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Energía

El Supremo deniega parar la central de Morata de Tajuña

14/11/2007

Comunidad de Madrid | La central térmica de ciclo combinado de 1.200 megavatios que el Gobierno planea en Morata de Tajuña (Madrid) tiene desde ayer menos obstáculos para su construcción. El Tribunal Supremo denegó en un auto a la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, la petición de que suspendiera cautelarmente la declaración de utilidad pública que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 15 de junio, sobre la que también existe un recurso contencioso-administrativo del Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre, aún sin fallo.

En este recurso contra la decisión del Consejo de Ministros, la Comunidad de Madrid alega "las graves consecuencias" que la instalación térmica supondría para el medio ambiente y la salud de los habitantes de Morata, "al emitir grandes cantidades de gases contaminantes a la atmósfera". Además, recuerda que, aunque existe una declaración de impacto ambiental favorable, ésta impone condiciones muy rigurosas a la central por el entorno ecológico.

Daños ecológicos. En su auto de ayer, el Supremo afirma que "no puede evitarse que el bienestar de la población implique algunos daños en el medio ambiente", y recuerda que la central térmica pretende proporcionar "el servicio eléctrico en una zona de alto consumo". Por eso, emplaza a las autoridades medioambientales a, en su caso, "determinar en qué medidas los efectos perjudiciales de una instalación pueden ser asumidos, minimizando los riesgos de efecto invernadero".

Tras denegarse las medidas cautelares, se ve más probable que el Tribunal Supremo termine fallando en contra del recurso de la Comunidad de Madrid. En ese caso, sólo le restaría al Gobierno expropiar los terrenos y convocar un concurso o adjudicar por expropiación la explotación de la central.

Esta instalación ha sido muy cuestionada en Madrid, donde los tres partidos del Parlamento autonómico (PP, PSOE e IU) aprobaron por unanimidad el pasado 31 de octubre una proposición no de ley para tomar medidas que paralicen el funcionamiento de la central, como negar la Autorización Ambiental Integrada o cualquier licencia que necesite para funcionar. Consideran que la región está saturada de explotaciones de energía eléctrica, especialmente en el sureste (donde está Morata).